EditorLa expansión proyectada por Minera El Abra continúa generando inquietud entre organizaciones ambientales, comunidades indígenas y agrupaciones sociales de la provincia de El Loa. Una de las voces críticas es la de Andrea Vásquez, integrante de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, quien alertó sobre los posibles impactos patrimoniales, culturales y ambientales asociados al proyecto actualmente en evaluación ambiental.
La dirigente participó recientemente en una visita al circuito arqueológico de Chug-Chug, junto a representantes de diversas organizaciones territoriales y ambientales, entre ellas la Comunidad de La Banda, Sumac Llajta, FENAPO, Movimiento por la Protección del Loa (MPL), la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, Red de Mujeres, GAM y la Asociación Cultural Indígena Atacameña de Tradiciones y Costumbres de Calama, entre otras.
Ubicados entre las comunas de Calama y María Elena, los geoglifos de Chug-Chug son considerados el segundo sitio con mayor concentración de geoglifos del mundo. El complejo reúne más de 500 figuras distribuidas en 27 sitios arqueológicos a lo largo de aproximadamente 70 kilómetros.
Según explicó Vásquez, estas expresiones culturales representan más de mil años de historia de los pueblos originarios del desierto de Atacama y reflejan antiguas rutas caravaneras que conectaban los oasis de Calama y Quillagua con sectores costeros y cordilleranos.
"Es la memoria viva del desierto. Son vestigios de las formas de comunicación, intercambio y movilidad de los pueblos originarios que habitaron este territorio durante siglos", señaló.
Entre los principales cuestionamientos formulados por las organizaciones se encuentra la ubicación de infraestructura asociada al proyecto minero en las cercanías del circuito patrimonial.
De acuerdo con la ambientalista, el futuro depósito de relaves proyectado por la empresa se emplazaría a unos 10 kilómetros del sector de Chug-Chug y tendría una dimensión equivalente a aproximadamente dos veces la superficie urbana de Calama.
Asimismo, indicó que por el mismo sector está contemplado el trazado de las cañerías que abastecerán el acueducto de la futura planta desaladora del proyecto, generando nuevas intervenciones sobre el territorio.
Uno de los puntos más sensibles planteados por las organizaciones corresponde a la eventual desaparición del Complejo Minero San José del Abra, ubicado en Conchi Viejo, considerado un importante vestigio de la actividad minera prehispánica desarrollada por el pueblo atacameño.
"Debido al crecimiento del rajo, este sitio sería destruido. Se trata de un patrimonio asociado a la actividad minera ancestral de los pueblos originarios", advirtió Vásquez.
La dirigente también cuestionó la magnitud de la intervención territorial contemplada en la iniciativa.
Según explicó, el proyecto considera una afectación cercana a las 16 mil hectáreas, de las cuales alrededor de 11 mil corresponden a áreas catalogadas técnicamente como "suelo forestal", pese a encontrarse en pleno desierto.
A juicio de las organizaciones, uno de los aspectos que genera preocupación es la ausencia de medidas compensatorias proporcionales para la fauna silvestre.
Vásquez señaló que especies como la vizcacha podrían verse desplazadas o afectadas por las faenas y el tránsito de maquinaria pesada, alterando cadenas ecológicas completas.
"El puma se alimenta principalmente de vizcachas. Si estos animales desaparecen o son desplazados, los pumas terminan buscando alimento en otros sectores, incluyendo zonas donde existe ganado doméstico", explicó.
Frente a este escenario, las organizaciones hicieron un llamado a la comunidad a involucrarse en el proceso de Participación Ciudadana (PAC) asociado a la evaluación ambiental del proyecto.
La ambientalista indicó que el período para presentar observaciones ciudadanas se extenderá hasta el 1 de julio y que actualmente se encuentran elaborando propuestas y observaciones técnicas relacionadas con los impactos patrimoniales, arqueológicos, ambientales y territoriales detectados en el estudio presentado por la empresa.
"Sabemos que probablemente el proyecto será aprobado, pero creemos que es fundamental mejorar aspectos relevantes y exigir que se reconozcan adecuadamente los impactos significativos sobre el territorio", sostuvo.
Finalmente, Vásquez destacó la importancia de abrir el debate público sobre el desarrollo de grandes proyectos mineros en la zona y compatibilizar dichas iniciativas con la protección del patrimonio cultural, la biodiversidad y la memoria histórica del desierto de Atacama.
